Los empresarios piden certidumbre legislativa, fiscal y laboral en la cumbre CEOE.
Los primeros directivos de las principales empresas españolas coinciden en solicitar al Ejecutivo español consenso en las reformas, un marco normativo estable, el mantenimiento de los ERTE y de los avales públicos para proteger el tejido empresarial. Pablo Isla, presidente de Inditex, avanza una crisis de enorme magnitud de España, en peor situación sobre otros países, por su desempleo, su déficit, su deuda pública y por el peso de determinados sectores en la economía. Descarta soluciones fáciles, reclama mucha responsabilidad por parte del Gobierno, de los partidos políticos, de las empresas, de los sindicatos y de todos los ciudadanos. Propone amplios consensos y declara clave el diálogo social para generar certidumbre y seguridad jurídica a las empresas, los inversores nacionales y los internacionales para atraer dinero y crear empleo. Pide una economía flexible y competitiva para recaudar más sin recurrir a subidas de impuestos. Juan Roig, presidente de Mercadona, avanza una recuperación dura, destaca el papel de las empresas y la necesidad de generar beneficios para crear empleo, riqueza y bienestar. Ana Botín, presidenta del Santander, insta a políticos, empresarios y agentes sociales a sentarse a negociar en el nuevo mundo acelerado por la pandemia, enfocado hacia la revolución digital, el teletrabajo y el cambio de los modelos de negocio como el turismo, la distribución y el sistema financiero, para poder ofrecer oportunidades a los 6,5 millones de personas paradas, casi la mitad en ERTE. Cualquier iniciativa del Gobierno debe ir a crear tejido empresarial y empleo y critica medidas como el plan de ayuda a la compra de viviendas a jóvenes desempleados o con contratos precarios, así, dice, nadie puede empezar a proyectar una vida autónoma. Carlos Torres, presidente del BBVA, reclama mayor consenso público y privado para acordar reformas duraderas. España, apunta, debe sanear sus cuentas, revisar el gasto, reducir el déficit estructural y aportar certidumbre con estímulos fiscales, facilidades de financiación y fomento y potenciación de la inversión con certidumbres a medio y largo plazo. El directivo está a favor de planes de inversión en infraestructuras públicas con el apoyo de la iniciativa privada. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, plantea adelantar los programas para incentivar las energías renovables 5 años hasta el 2025 del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PNIEC, del Gobierno español con inversiones de más de 32.000 millones de euros para generar más de 90.000 empleos en zonas rurales y de 300.000 empleos durante la próxima década. La descarbonización, continúa, puede generar un efecto inmediato sobre la dependencia energética del exterior y la balanza de pagos sin presionar las cuentas públicas. Antoni Brufau, presidente de Repsol, reclama también un marco regulatorio estable para invertir en energías renovables a riesgo de los inversores, sin descuidar el futuro industrial actual por su efecto inmediato en el empleo. Francisco Reynés, presidente de Naturgy, considera la transición energética como un buen catalizador para medir el grado de inversión. El directivo reclama un marco normativo y regulatorio fiable y una fiscalidad atractiva para hacer de España un país para vivir mejor con mecanismos de flexibilidad para permitir a las compañías adaptar sus necesidades, a veces estacionales. Propone abordar un plan renove energético y solicita concordia institucional y social para afrontar el reto de la reconstrucción con sistemas educativos y sanitarios solventes, en un marco internacional global de oportunidades de desarrollo y de mayor competencia entre países para atraer inversores. Jordi Gual, presidente de CaixaBank, califica de positivo el paquete de ayudas de la Comisión Europea, a la espera del visto bueno del Consejo Europeo y propone un Tesoro Público de la Unión Europea para hacer frente a la crisis económica derivada de la sanitaria. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, alerta sobre los peligros de imponer más impuestos y requerimientos a las entidades financieras por la necesidad de contar con bancos rentables por su efecto directo sobre la sociedad. Josep Oliu, presidente del Sabadell, defiende la colaboración público privada y la pública con la banca para generar confianza y evitar perderla, como ha ocurrido en crisis anteriores. Pide a las autoridades españolas y europeas reglas claras para reactivar la competitividad de las empresas. José Luis Aguirre, presidente de Ibercaja, solicita una fiscalidad homogénea de España con los de los países supervisados por el Banco Central Europeo, BCE, en exigencias de capital, estructuras de créditos y volúmenes y considera conveniente la recuperación de la posibilidad de repartir dividendos. José Bogas, CEO de Endesa, pide al Gobierno rebajar las presiones regulatorias y las fiscales para poder invertir en la descarbonización y acelerar la instalación y las conexiones renovables para poder invertir y acelerar los planes del PNIEC 5 años como fórmula generadora de empleo. Miguel Antoñanzas, presidente de Viesgo, reclama poder duplicar inversiones en redes eléctricas durante los próximos 10 años, propone eliminar el límite fijado por ley del 0,13% del PIB, para cobrar peajes sobre instalaciones antiguas por afán recaudatorio y pide libertad para acordar planes específicos a renovaciones de las redes con las autonomías. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, reclama una legislación a favor de la recuperación sostenible para impulsar sectores emergentes como la rehabilitación de los sistemas eléctricos obsoletos de los edificios, fomentar las energías renovables, de sus redes de distribución y la movilidad limpia. Beatriz Corredor, presidenta de REE, solicita al ministerio de Transición Ecológica agilizar el anteproyecto de ley de Cambio Climático, PNIEC, para avanzar en proyectos de inversión sostenible. Antonio Llardén, presidente de Enagás, destaca el papel de los operadores energéticos durante el estado de alarma y pide para el período de la recuperación, considerar a los gases renovables como los del hidrógeno, como verdes y destaca la importancia de contar con proveedores de varios países para diversificar riesgos. José Luis López Silanes, presidente de CLH, solicita la eliminación en el proyecto de ley PNIEC de las restricciones para el uso de combustibles líquidos con huellas cero emisiones, pide a las autoridades públicas ir más allá de las limitaciones a las emisiones del tubo de escape y apostar por los biocarburantes en otros ámbitos además del de la aviación.
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